Un portavoz del gobierno declaró que en las recientes redadas realizadas en un solo día en dos zonas de Bangkok la policía se incautó de más de 3.000 productos para vapear por valor de 2 millones de baht ($60.000). Entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, la Real Policía Tailandesa detuvo en todo el país a 690 sospechosos en 666 casos relacionados con el vapeo, incautándose de artículos por valor de más de 41 millones de baht ($1,2 millones), según Tobacco Reporter. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Sociedad Digitales de Tailandia ha bloqueado y cerrado sitios web de venta de vapeadores y ha intentado obstaculizar las búsquedas en Internet.

Tailandia tiene desde hace tiempo uno de los regímenes más severos del mundo contra el vapeo, que prohibió de forma generalizada en 2014. Las sanciones por vender o consumir estas alternativas más seguras a los cigarrillos pueden incluir fuertes multas y penas de prisión, con una condena teórica de hasta 5 años solo por posesión. También está prohibida la venta de productos de tabaco calentado, otra opción de reducción de daños.

La tasa de tabaquismo del país ronda el 19% -casi el doble entre los hombres- y se calcula que cada año mueren en Tailandia 66.000 personas por causas relacionadas con el tabaco.

Como ya informó Filter, había esperanzas de que en las elecciones de 2023 se revocara la prohibición del vapeo. En los preparativos se observó cierto apoyo político a la legalización o despenalización.

Sin embargo, el partido gobernante, Pheu Thai, pretende ahora reprimir aún más la venta ilegal de vapeadores mediante medidas preventivas y una aplicación más estricta de la ley.

Sin embargo, según Saligupta, en los últimos tiempos las fuerzas del orden han puesto en su punto de mira a un mayor número de ciudadanos normales, en posesión quizá de un solo vapeador.

Asa Saligupta, director del grupo de defensa ENDS Cigarette Smoking Thailand, describió las recientes medidas como más de lo mismo. “Los primeros ministros tailandeses han anunciado en repetidas ocasiones estrictas medidas represivas”, declaró a Filter.

Pero recientemente, añadió, las fuerzas del orden han puesto en su punto de mira a un mayor número de ciudadanos normales, que tal vez posean un solo vapeador.

Saligupta explicó que el aumento de la aplicación de la ley se debe a las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre “cigarrillos zombis” adulterados con otras drogas y al temor a que los consuman los jóvenes.

Por ello, Jirayu Huangsap, asesor y portavoz del Gobierno, propuso un nuevo “Grupo de Trabajo Doraemon” para combatir el consumo de vapeadores. Doraemon es un personaje infantil -un gato robótico- y el nombre sugerido alude a los vapeadores que se fabrican con diseños de juguete para atraer a los menores.

La regulación con restricciones de edad sería la forma racional de proteger a los consumidores, como bien sabe Saligupta.

“Como los cigarrillos electrónicos son ilegales en Tailandia, se venden en el mercado negro sin ningún control de calidad”, señala. “Esto crea un riesgo de manipulación, contaminación o venta de productos falsificados”. Sin embargo, “la red antitabaco sigue utilizando la presión política para oponerse a la legalización”.”

Saligupta calificó las últimas pruebas de corrupción policial de “consecuencia no intencionada” de la postura del gobierno tailandés frente a los vapes.

“Aunque ha habido casos de personas que han sufrido problemas de salud por consumir productos ilícitos y de mala calidad, la cobertura mediática ha sido a menudo exagerada”, señala Saligupta, ”este tipo de información emocional es un problema en Tailandia desde hace mucho tiempo, donde la atención se centra más en crear miedo que en presentar una visión equilibrada que permita al público tomar decisiones con conocimiento de causa”.”

Tailandia no es la única.

Huangsap también se refirió a un nuevo informe confidencial sobre el comercio de vapeadores y la corrupción policial asociada, señalando que algunos vendedores han estado comerciando abiertamente. “Esto ha dado lugar a sospechas de que algunos agentes de la ley pueden ser cómplices al permitir que estas tiendas operen sin control”, dijo.

Como ya informó Filter, la extorsión policial en torno a los vapeadores ha sido un problema relacionado en el reino, en el que tanto tailandeses como extranjeros han tenido que pagar sobornos para evitar ser detenidos por posesión.

Saligupta calificó las últimas pruebas de corrupción policial de “consecuencia imprevista” de la postura del gobierno tailandés frente a los vapes. “Esto demuestra que la prohibición ha sido una política fallida”, afirmó.

Aunque la prohibición y las medidas enérgicas continúan, los defensores de la reducción de los daños del tabaco tienen motivos para albergar esperanzas de un futuro mejor para los tailandeses que vapean a pesar de todo -unos 81.000 hasta 2021- y para los millones de fumadores.